El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, alcanzaron ayer un amplio acuerdo en materia de Justicia, que permitirá la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) en septiembre.

La renovación del CGPJ "culminará" y "se materializará" en septiembre, explicó el presidente del Gobierno, y será entonces cuando se concreten los nombres de los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de un año y medio. Según Zapatero, se trata de un acuerdo de "criterios" y "los nombres vendrán después". Zapatero y Rajoy también consensuaron una serie de reformas legales, entre ellas, el endurecimiento de las penas para delitos sexuales y la creación de un registro de pederastas.

El consenso incluye el compromiso de lograr la plena implantación de la Oficina Judicial, y el desarrollo de un avanzado sistema informático de interconexión entre todos los registros para que puedan intercambiar información de manera ágil y rápida. El objetivo es hacer que la Justicia sea más ágil y que funcione mejor.

Además, acordaron una política antiterrorista consensuada y la renovación de los órganos judiciales, pactos que trasladan el enfrentamiento político de la legislatura a la crisis económica.

La primera reunión de ambos desde las elecciones, de poco más de dos horas, ha dejado patentes las discrepancias a la hora de afrontar la crisis, a pesar de que ambos salieron satisfechos e hicieron un balance positivo del encuentro tras cuatro años de crispación. Sólo marcaron distancias en economía; Rajoy abogó por limitar el crecimiento del gasto público al 2% en 2009 y criticó que Zapatero crea que "las cosas se arreglan solas", pero el jefe del Ejecutivo rechazó su propuesta y garantizó austeridad sin recortar las políticas sociales.

De los acuerdos, ambos destacaron el consenso antiterrorista, basado en la unidad de los dos partidos; el apoyo a las víctimas; el respaldo al Estado de derecho y las Fuerzas de Seguridad; el convencimiento de que el único destino de ETA es abandonar la violencia y que no conseguirá objetivos políticos; y la mejora de la cooperación internacional.

El objetivo será introducir una disposición en la ley de solidaridad con las víctimas para retirar placas y nombres de calles que exalten a los terroristas; reforzar las penas accesorias y el alejamiento y el control de los etarras que salgan de prisión; y garantizar que, con su patrimonio presente o futuro, cumplen con sus responsabilidades civiles.

www.diarioinformacion.com/secciones/noti...