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La naturaleza no es muda

Eduardo Galeano
Brecha

El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate.

Y mientras todo esto ocurre, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza.

La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.

Un objeto que quiere ser sujeto
Durante miles de años, casi toda la gente tuvo el derecho de no tener derechos.

En los hechos, no son pocos los que siguen sin derechos, pero al menos se reconoce, ahora, el derecho de tenerlos; y eso es bastante más que un gesto de caridad de los amos del mundo para consuelo de sus siervos.

¿Y la naturaleza? En cierto modo, se podría decir, los derechos humanos abarcan a la naturaleza, porque ella no es una tarjeta postal para ser mirada desde afuera; pero bien sabe la naturaleza que hasta las mejores leyes humanas la tratan como objeto de propiedad, y nunca como sujeto de derecho.

Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida, y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. A lo sumo, en el mejor de los casos, son las víctimas humanas quienes pueden exigir una indemnización más o menos simbólica, y eso siempre después de que el daño se ha hecho, pero las leyes no evitan ni detienen los atentados contra la tierra, el agua o el aire.

Suena raro, ¿no? Esto de que la naturaleza tenga derechos... Una locura. ¡Como si la naturaleza fuera persona! En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de Estados Unidos disfruten de derechos humanos. En 1886, la Suprema Corte de Estados Unidos, modelo de la justicia universal, extendió los derechos humanos a las corporaciones privadas. La ley les reconoció los mismos derechos que a las personas, derecho a la vida, a la libre expresión, a la privacidad y a todo lo demás, como si las empresas respiraran. Más de 120 años han pasado y así sigue siendo. A nadie le llama la atención.

Gritos y susurros
Nada tiene de raro, ni de anormal, el proyecto que quiere incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva Constitución de Ecuador.

Este país ha sufrido numerosas devastaciones a lo largo de su historia. Por citar un solo ejemplo, durante más de un cuarto de siglo, hasta 1992, la empresa petrolera Texaco vomitó impunemente 18 mil millones de galones de veneno sobre tierras, ríos y gentes. Una vez cumplida esta obra de beneficencia en la Amazonia ecuatoriana, la empresa nacida en Texas celebró matrimonio con la Standard Oil. Para entonces, la Standard Oil de Rockefeller había pasado a llamarse Chevron y estaba dirigida por Condoleezza Rice. Después un oleoducto trasladó a Condoleezza hasta la Casa Blanca, mientras la familia Chevron-Texaco continuaba contaminando el mundo.

Pero las heridas abiertas en el cuerpo de Ecuador por la Texaco y otras empresas no son la única fuente de inspiración de esta gran novedad jurídica que se intenta llevar adelante. Además, y no es lo de menos, la reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda. Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la Asamblea Constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida del sumak kausai. Eso significa, en lengua quichua, vida armoniosa: armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga y que tiene vida propia, y valores propios, más allá de nosotros.

Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son sólo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de cinco siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país, y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro aposible.

Desde que la espada y la cruz desembarcaron en tierras americanas, la conquista europea castigó la adoración de la naturaleza, que era pecado de idolatría, con penas de azote, horca o fuego. La comunión entre la naturaleza y la gente, costumbre pagana, fue abolida en nombre de Dios y después en nombre de la civilización. En toda América, y en el mundo, seguimos pagando las consecuencias de ese divorcio obligatorio.

Un nuevo informe de Amigos de la Tierra evidencia los fallos de los criterios de sostenibilidad para estos combustibles agrícolas
Los agrocombustibles a gran escala no serán sostenibles

Los intentos de utilizar esquemas de certificación para reducir los graves problemas sociales y ambientales causados por el creciente volumen de cultivos destinados a la producción de combustibles están condenados al fracaso, según un nuevo informe publicado por Amigos de la Tierra a nivel internacional [1].

Esta semana se celebra en Madrid la “Tercera Exposición y Encuentro sobre Biocombustibles Sostenibles”, donde la certificación estará en el centro del debate. El informe se publica además en vísperas de una controvertida reunión en Buenos Aires para discutir sobre la certificación del cultivo de soja, un cultivo en rápida expansión por su uso para alimentación animal y como combustible [2].

Este nuevo informe de Amigos de la Tierra llega en un momento en el que crece la preocupación a nivel global sobre los impactos de la subida del precio de los alimentos. Los agrocombustibles (también llamados biocombustibles) son uno de los factores que se han asociado con esta tendencia. Su cultivo a gran escala está incrementando la presión sobre el uso de la tierra y fomentando el avance de los monocultivos en los países productores, como Indonesia, Malasia o Brasil. [3]

“La expansión de los monocultivos a gran escala lleva a la destrucción de nuestros bosques, sabanas y vida silvestre, encarece los precios de la tierra y de los alimentos y directamente impacta sobre las comunidades rurales que son expulsadas de sus tierras para dar lugar a estas plantaciones. Desafortunadamente, la certificación de los monocultivos a gran escala como sostenibles daría un mensaje equivocado a los consumidores y no contribuiría a mejorar los métodos de producción. El aumento de la producción para la exportación y el aumento del consumo en el norte son las tendencias destructivas que deben ser invertidas” dijo Lucia Ortiz de Amigos de la Tierra Brasil.

“No podemos dedicar alimentos a nuestros coches mientras los precios de los alimentos se disparan, se talan bosques y aumentan los niveles de pobreza en los países del Sur. La certificación de los agrocombustibles como “ecológicos”, aunque sea bien intencionada, es una cortina de humo que despista al consumidor y permite que los problemas continúen. La verdadera respuesta ecológica es reducir la demanda de energía en los países del Norte” afirmó David Sánchez, de Amigos de la Tierra España.

El informe investiga todos los esquemas más importantes de certificación que se están presentando para minimizar los problemas sociales y ambientales de los cultivos de soja y caña de azúcar en América Latina y concluye que:

la rápida expansión de las plantaciones de soja y caña de azúcar empuja al resto de tipos de agricultura hacia otros lugares, causando deforestación, pérdida de vida silvestre y enormes problemas sociales, incluyendo conflictos violentos y expulsión de las comunidades de sus tierras. Ningún esquema de certificación resuelve este problema.
Los efectos secundarios como el aumento de los precios de los alimentos están fuera de todos los esquemas propuestos de certificación.
Es altamente improbable que cualquier esquema de certificación sea implementado de forma completa y controlado de forma efectiva, lo que introduce considerables riesgos de que estos esquemas estén abiertos al fraude y supongan un engaño para los consumidores.
Muchos esquemas de certificación están fuertemente dominados por grandes corporaciones internacionales cuyos negocios se basan en vender cantidades crecientes de productos agrícolas como materia prima y tienen escaso interés en reducir su demanda. Este proceso tiene fuerte oposición de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina.
Los cultivos genéticamente modificados son aceptados en algunos de los esquemas como “responsables”, o sustentables aun cuando su cultivo ha incrementado masivamente el uso de herbicidas, con graves impactos ambientales y problemas de salud en comunidades rurales.
Para más información:

Lucia Ortiz, Amigos de la Tierra Brasil, en Porto Alegre.